Biodiversidad,
Conocimientos tradicionales y Beneficios biotecnológicos
Por Adolfo
Saglio Zamudio
(Diciembre
2003)
El avance de
la globalización, ha hecho que la cuestión de los derechos de propiedad
intelectual sea motivo de preocupación en todo el mundo y provocó su inclusión
en la agenda de la Organización Mundial del Comercio (OMC) emergente de la última
Ronda del GATT.
El acuerdo de
la OMC sobre los aspectos de propiedad intelectual relacionados al comercio
(ADPICs/TRIPs) tiene indudable aplicación –en el campo internacional- en la
discusión del tema. Más allá de las normas, la teleología de los TRIP’s y
del Convenio es diversa y puede llegar a ser fuente de fuertes conflictos.
Uno de los
aspectos más polémicos del acuerdo ADPIC’s/TRIP’s es que exige que los
Estados incluyan en los derechos de propiedad intelectual todas las
tecnologías, entre las que figuran las referidas a materias biológicas como
animales, plantas y microorganismos. La OMC apremia para que esos derechos de propiedad intelectual sean formas
de protección fuertes, como patentes o algún sistema sui generis
(especial) "eficaz". Ello debería conducir a la creación de
figuras que recogieran los conocimientos tradicionales dentro del abanico como
una nueva categoría, pues si no se introducen innovaciones jurídicas las
empresas -con la excusa de esa laguna legal- ignoraran los derechos de los
proveedores y vulneraran los derechos de propiedad de las fuentes de recursos
genéticos y culturales,
dejando en letra muerta el Convenio sobre Diversidad Biológica.
Pero ¿cómo
podrá ser este sistema construido sin personalizar jurídicamente a su
poseedor? ¿quién es el sujeto jurídico que provee este conocimiento?
La naturaleza
“de común o compartida” de las innovaciones y creaciones basadas en los
conocimientos tradicionales impide identificar en la inscripción registral
-propia de los sistemas de propiedad intelectual- a beneficiarios individuales
(sean personas físicas, asociaciones o
la suma actual de todas ellas).
Los auténticos
dueños de ese conocimientos son los Pueblos Indígenas –como un grupo emergente
de una larga saga de relaciones entre sus mimebros y de estos con el medio- y
no sus miembros o comunidades, separadamente.
Éstos –miembros o comunidades- pueden eventualmente aumentar o
desaparecer, lo cual no significa que el Pueblo corra igual suerte. La pueblo
“es” más allá de sus aspectos físicos o funciones básicas.
Los
investigadores indigenistas sudamericanos no han podido ponerse de
acuerdo sobre lo que es una comunidad. Han fundido campos semánticos
inconciliables en sus definiciones,
haciendo de la "comunidad" un concepto difícilmente operativo para el
quehacer jurídico.
Según
el contexto, la "comunidad" se refiere a un territorio enorme que
incluye varios más pequeños, a veces referidos a una sola unidad rural, o un
grupo de ellas, todas estas entidades -más o menos legalmente definidas-
reivindican un estatuto y funciones frente al Estado.
Por
otra parte, existe la necesidad de una definición que incluya derechos
relativos a la tierra (ocupación, explotación) con límites claros
(superficie/fronteras) y definición clara de la propiedad de los recursos: qué
derechos se incluyen y qué derechos se excluyen y para qué usos (agrícola,
pastoril, uso de aguas, desarrollo económico, redes de transporte, etc.).
Frente a las
biotecnologías finiseculares, las disputas sociales se dividen entre aquellas
en las que ciertos grupos ven amenazados determinadas cosmovisiones o valores
morales y culturales y aquellas en las que sólo entran en juego intereses
contrapuestos entre distintos actores. Las
primeras son de difícil resolución, ya que los argumentos técnicos son
incapaces de modificar las posturas, mientras que las segundas pueden resolverse
mediante negociación, distribución equitativa de riesgos y beneficios, y
medidas de compensación. La consideración de cuestiones sociales y morales de
una práctica científico-tecnológica particular puede revestir más
importancia que cualquier detalle de contrastación científica.
El papel
creciente de los grupos de presión (ecologistas, asociaciones de consumidores)
y de “tecnologías alternativas” refleja, más que su ignorancia o rechazo a
la ciencia, una protesta por la falta de oportunidades de participar e influir
en la toma de decisiones. No es lo
mismo “participación pública” (recurso cosmético) al servicio del poder,
que “control democrático” sobre la ciencia y la tecnología. Esto último
señala que lo que se está dirimiendo (y lo que hay que discutir) es el tema
del reparto del poder político a la hora de configurar y aplicar la
tecnociencia, cosa que está lejos de depender exclusivamente del papel de los
expertos. Irremisiblemente, la ciencia y la tecnología se han
politizado y vuelto más complejas, y su imagen benefactora ya no se da por
supuesta, ni sus practicantes pueden pretender mantener su excepcional estatuto
tradicional en la sociedad. Con un alcance internacional que agrava y compromete
las relaciones globales.
Los
objetivos del Convenio sobre la Diversidad Biológica están estrechamente
interrelacionados. Expresada en términos de la doctrina económica actual, la
situación puede quedar planteada así: no habrá recursos biológicos
disponibles a menos que éstos se conserven adecuadamente; por otro lado, habría
pocos incentivos para la conservación y la utilización sostenible si los
recursos biológicos no generasen beneficios –lo cuales no son sólo los
traducibles en valores crematísticos- para las partes interesadas locales y del
país de origen, que son los propietarios (o “disponentes”) de la diversidad
biológica, además de sus principales custodios.
Establecida
esta premisa, para
tornarse operativo el
Convenio sobre la Diversidad Biológica, necesita normas que reglamenten
sus aspectos socio-jurídico-económicos más importantes, en una auténtica
tarea conjunta, una revolución social y cultural superadora de las antinomias
económicas y políticas que aún dividen a las comunidades humanas.
NOTAS:
