1.
INTRODUCCIÓN
Venezuela
está localizada en el Continente Americano, en plena zona intertropical, más
cerca del Ecuador que del Trópico de Cáncer y es el país más septentrional
de América del Sur. Se encuentra entre los 0O38'53" y los 12O11'46"
de latitud norte, y los 59O47'30" y 73O23'00" de longitud oeste.
Es
una República Federal conformada por 22 estados, y un Distrito Federal que
conforman el espacio terrestre y ocupan una extensión de 916.445 km2 y las
Dependencias Federales (264 islas), integran el espacio marítimo con una
extensión aproximada de 500.000 km2.
Según
el XII Censo General de Población, la carga demográfica del territorio del
país subió en 1990 a 20.947.543 habitantes. Venezuela es un país
predominantemente urbano en donde el 85% de la población vive en ciudades de
las cuales las seis principales son: Caracas, Maracaibo, Barquisimeto, Maracay
y Ciudad Guayana, todas ellas a excepción de esta última situadas en el
llamado eje centro-norte-costero.
En
cuanto a la población indígena los primeros resultados del último censo a
las comunidades (1992) revelan que el volumen total de la población indígena
censada en el país asciende a 314.772 individuos, distribuidas en 25 etnias,
siendo la Wayuu ( Guajiros) la más numerosa, pues sus 179.318 integrantes
representan 57 del total de la población indígena nacional. También tienen
volúmenes importantes los warao (24.555 personas, 7,8% del total);los Pemón
(20.607 individuos, 6,5% del total);los Yanomamiincluye los Sanema(15.193
personas, 4,8% del total; los Añu (12.969 personas, 4,1%); los Piaroa
(11.915, 3.7%) y los Cariña (10.490/ 3.3%); el total restante está
distribuido en etnias de muy poca población siendo la más pequeña los
Mapoyo (189 miembros) que representan el 0,05 % de la población indígena
nacional.
El
territorio venezolano se caracteriza por un relieve variado y con gran número
de formas geomorfológicas, que van desde los llanos de relieve plano a
ondulado, hasta las encumbradas montañas andinas, de nieves perpetuas y los
altiplanos guayaneses.
Las
alturas sobre el nivel del mar oscilan entre 0 y 100 metros en las áreas
costeras y la planicie del Orinoco, hasta la cima más alta, de 5.007 msnm,
correspondiente al Pico Bolívar en la cordillera andina.
La
variedad paisajística y de biomas existente en el país puede sintetizarse en
seis grandes "provincias fisiográficas" o "ámbitos"
plataforma continental, islas y litoral costero; sistema montañoso del caribe
o de la costa; valles y serranías de Facón, Lara y Yaracuy; cordillera de
los Andes; los Llanos y la Región Guayana.
Según
los criterios que se adopten se puede dividir el territorio de Venezuela en
una media docenas de espacios, en este caso pudieran ser las grandes unidades
de relieve, o varias decenas o centenares o miles de diferentes áreas; el
Proyecto Sistemas Ambientales Venezolanos" ha delimitado, sin haber
cubierto la totalidad del país, 34 "Regiones Naturales" y más de
dos mil Subáreas Naturales". El Atlas "Imagen de Venezuela: una
visión espacial" divide al territorio en nueve "Ambitos" y los
clasifica de la siguiente manera: Cordillera Central, Cordillera Oriental,
Sistema Cariaco, Lago de Maracaibo, Los Andes, Los Llanos, Sistema Deltaico,
Sur del Orinoco y Las Islas.
En
cuanto a su climatología el país presenta un régimen de precipitaciones
originadow2 por el avance de la baja ecuatorial desde el sur. Inicialmente
estas bajas, asociadas a una franja con exceso de calor y formaciones de nubes
convectivas, se encuentra actuando sobre Brasil y sur del estado Amazonas,
pero al progresar hacia el norte siguiendo el movimiento aparente del sol,
provocan la temporada de lluvias en Venezuela.
Las
regiones del río Siapa y alto Orinoco en el estado Amazonas, al sur de los 4O
de latitud norte, siempre se encuentran bajo la acción de las lluvias que
abarca todo el año.
Al
desplazarse la zona de las bajas ecuatoriales hacia el norte, comienza la
temporada de lluvias en la mayor parte del país, en abril sobre gran parte
del sur y también sobre la depresión del Zulia. Luego se presenta en el mes
de mayo sobre el centro, occidente y en la región oriental. Las
precipitaciones perduran hasta principios de noviembre, mes en el cual la acción
de la baja ecuatorial se retira de nuevo hacia el sur del río Amazonas y
Brasil, a causa de la penetración desde el norte de la alta del Atlántico.
La
distribución de la precipitación en Venezuela depende de la mayor o menor
influencia de las bajas ecuatoriales asociada a mal tiempo. Así en la región
del estado Amazonas y Macizo Guayanés, se originan climas muy húmedos donde
las precipitaciones anuales sobrepasan los 4.000 mm, y hay más de 250 días
con alguna precipitación en el año.
Hay
una disminución gradual de la precipitación hacia los Llanos de Venezuela,
con climas húmedos y precipitaciones totales anuales reducidas entre 1.200 y
1.600 mm. Sobre las costas los climas son semihúmedos y semiáridos con
precipitaciones menores de 1.000 mm al año. Se tienen valores menores de 300
mm al año, en las regiones de Falcón, Lara y Nororiental.
En
Venezuela están presentes los pisos térmicos desde tropical, con
temperaturas entre los 24O y 27O en sitios como Maracaibo (edo Zulia) y Santa
Elena de Guairén (edo Bolívar) pasando por subtropical y templado, en Mérida,
y la Colonia Tovar, hasta llegar a los pisos de páramo y gélidos en las
cimas andinas.
Las
variaciones de temperatura entre los meses más fríos y cálidos, por lo
general no sobrepasan los 4º a 5º en su valor medio, mientras que su variación
diaria puede llegar hasta 13º C en sitios como los Llanos. La temperatura
puede alcanzar eventualmente valores extremos cercanos a los 40º C.
La
nubosidad es máxima en el Amazonas, con valores de 6 a 7 octavo de cielo
cubierto, sobre la región del Catatumbo se observa también un máximo de
nubosidad y de formación de tormentas debido a los efectos locales de
convergencia de vientos.
La
humedad relativa es por lo general muy alta, encontrándose valores mayores al
80% en los Andes, sur del lago de Maracaibo y río Caura en Bolívar, los mínimos
pueden llegar hasta 2%.
Además
presenta, por su ubicación geográfica, condiciones muy sui generis, como es
el hecho de formar parte de ecosistemas con características bio-físico
naturales tan disímiles como son el amazónico, el andino, el caribeño y el
atlántico, esto hace que su variedad ambiental sea mayor que la de otros
lugares del planeta y se originen " 27 zonas climáticas, 12 tipos de
vegetación natural, 27 tipos de relieve y 38 grandes unidades geológicas, lo
que trae como consecuencia que también la cubierta de suelos posea una amplia
variedad de características y cualidades tanto que las principales clases de
los existentes en el planeta Tierra están representados en el país, tiene
una gran variedad de vegetación visualizada en los trabajos más recientes
como un mosaico muy complejo de unidades florístico-fisionómicas, donde se
distinguen 150 diferentes tipos de vegetación primaria "(1)
"Se
estima, después de más de dos siglos de exploraciones botánicas iniciadas
por Peter Loefling y Alendro de Humboldt en el siglo XVIII, que la flora de
Venezuela comprende no menos de 18.000 especies de plantas superiores. Entre
las aproximadamente 215 familias que componen la flora venezolana.
Probablemente un 10% de todas las especies de plantas conocidas son endémicas
en Venezuela, es decir, se encuentran creciendo solamente en el país"
Por
otro lado, en el informe elaborado por el Ministerio del Ambiente y Los
Recursos Naturales (MARNR), presentado por Venezuela ante la "Conferencia
de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo", celebrada en Río
de Janeiro en 1992, se presentan la siguientes estimaciones: "La
diversidad abarca aproximadamente 20.000 especies de plantas superiores, de
las cuales 5.000 son exclusivamente de Venezuela. Incluye el 15% del total de
las especies de aves conocidas en el mundo y el 40% de las conocidas en el
neotrópico, Igualmente se encuentran en el territorio 332 especies de
reptiles, 113 de anfibios, 1.195 de mamíferos y un número significa-tivo de
invertebrados, la fauna de peces continentales es extraordinariamente rica, se
estima la presencia de 700 a 1.000 especies diferentes.(2)
Vale
la pena ilustrar aún más el fabuloso patrimonio biológico conque cuenta
Venezuela, referirnos a uno de los sitios de mayor diversidad, hoy en día
convertido en el Parque Henri Pitier (107.800 has) " en cuyas abras
penetran grandes migracio-nes de aves pertenecientes a más de 500 especies
casi el 50% de la avifauna del país y el 7% de la del planeta "
Estos
datos de por sí son muy elocuentes, nos demuestran el invalorable patrimonio
biológico de Venezuela, el cual está prácticamente sin evaluación en términos
biológicos, genéticos, medicinales y alimenticios, especialmente en zonas de
tanta riqueza como la amazónica, en donde apenas se conoce un pequeño
porcentaje de la biodiversidad.
Además
de toda la riqueza biológica, el país cuenta con enormes yacimientos de los
más variados minerales, muchos de ellos clasificados como estratégicos,
entre los cuales podemos mencionar: petróleo, hierro, bauxita, oro,
diamantes, caolín, barita, manganeso, niquel, magnesita, cobre, plomo, zinc,
uranio, etcétera
"
En cuanto al petróleo, Venezuela constituye uno de los grandes productores a
nivel mundial. Con apenas el 0.7% del área terrestre, posee el 5.8% de las
reservas probables de petróleo del mundo y el 2.5% de las de gas natural. si
se contabilizan los 1,6x10 (elevado a la sexta potencia) pentajoules de
reservas de crudo pesado, extrapesado y bitúmenes existentes en la Faja
Petrolífera del Orinoco, que ocupa una superficie aproximada de 55.000 km2,
su participación ascendería a 33.4% del total mundial. Actualmente ocupa la
sexta posición entre los productores mundiales y la séptima entre los
exportadores "
Sin
embargo, hasta el momento la protección de estos recursos naturales ha sido
realizada principalmente por medio de medidas de conservación in situ.
Particularmente, a través de la declaratoria de áreas especialmente
afectadas para la preservación de esos recursos naturales, tales como los
parques nacionales, monumentos naturales, reservas de biosfera y refugios de
fauna silvestre. También se han dictado normas para la protección especial
de ciertos recursos naturales como los manglares, morichales, venados y el
botuto, como se explica más adelante. A la par los suelos, las aguas, y la
atmósfera cuentan con regulaciones para preservar su integridad o calidad.
Por
otro lado, existen escasas medidas legislativas para controlar el destino de
esos recursos una vez extraídos de su medio natural. Están aprobadas
disposiciones para regular la transferencia de tecnología derivada de
aplicaciones sobre la biodiversidad, no así en el campo de la biotecnología.
Tampoco existen mecanismos legales para garantizar la participación del país
en los beneficios económicos o de otros tipos derivados de la comercialización
de los productos o procesos originados en transformaciones o descubrimientos
basados en la biodiversidad.
En
vista del esfuerzo que, a nivel regional están realizando el resto de los países
amazónicos y andinos para analizar sus legislaciones nacionales y
uniformarlas para beneficiarse del desarrollo de su biodiversidad, a la par
que su preservación en el futuro, se plantea la realización de este trabajo
que pretende:
Primero,
describir el funcionamiento del sistema de propiedad industrial y propiedad
intelectual en Venezuela, explicando las autoridades encargadas del mismo, así
como el proceso de actualización y modernización del que está siendo objeto
actualmente.
Segundo,
en el ámbito internacional, revisar los tratados internacionales que han sido
integrados al cuerpo jurídico venezolano en materia de propiedad industrial e
intelectual y los que están por incorporarse.
Tercero,
analizar las iniciativas que existen a nivel regional y en las que participa
Venezuela, lo cual abarca entre muchas otras, las Decisiones 313, 344, 345,
351, 291 del Acuerdo de Cartagena, y el Tratado de Cooperación Amazónica.
Cuarto,
comparar la legislación existente en el país relacionada con el registro de
los conocimientos de los pueblos indígenas, biotecnología, productos de la
ingeniería genética, etc., con las exigencias de la Convención sobre la
Diversidad Biológica.
Finalmente
se presentan recomendaciones a los fines de mejorar el sistema de registro de
la propiedad industrial e intelectual en Venezuela para adaptarlo a las
exigencias de la Conveción sobre la Diversidad Biológica.
2.FUNCIONAMIENTO
DEL SISTEMA DE REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL EN VENEZUELA
En
Venezuela existen dos sistemas separados para el registro de la propiedad
industrial y para el de la intelectual cuyo funcionamiento se describe a
continuación. (3)
2.1
Registro de la Propiedad Industrial
El
Registro de la Propiedad Industrial en Venezuela, estaba a cargo del
Registrador de la Propiedad Industrial, de acuerdo con el artículo 37 y
siguientes de la Ley de Propiedad Industrial de 1955. (4) Este Registro era
una dirección de línea del Ministerio de Fomento.
Posteriormente,
con la intención de hacer el sistema más eficiente y autónomo, en su gestión
y presupuesto, el Registro de la Propiedad Industrial se convierte en el
Servicio Autónomo de Registro de la Propiedad Industrial (SARPI) (5) ; y con
miras a convertirse en un Instituto Autónomo existe un Proyecto de Ley de
Creación del Instituto Autónomo Nacional de la Propiedad Industrial; que
data de 1992. (6)
A
su vez, la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena (7) impulsó
un sistema de registro más breve ya que se contaba con un atraso de varios años
en la evaluación o decisión de las solicitudes de registro de marcas y
patentes. Este sistema también ha sido mejorado en la Decisión 344 (8)
relativa al Régimen Común sobre Propiedad Industrial , sustitutiva de la
Decisión 313, que se encuentra en vigencia desde el 18-01-94.
Por
su parte, en 1992 el SARPI suscribió un contrato con una compañía externa
que está ayudando a realizar la actualización del registro. Así, fueron
publicadas un sin fin de marcas y patentes en unos boletines de 5 y 6 tomos. A
la fecha vamos por el boletín 380 en el cual se están publicando las marcas
del año 1991 y pronto se van a publicar las del '92. Esto significa que a
partir de ese momento se habrá cubierto gran parte del atraso del registro.
Sin embargo, el proceso de registro sigue siendo todavía bastante largo y, en
teoría, el otorgamiento de una marca o de una patente demora un promedio de 2
años, pero en la práctica, es de 3 a 5 años.
2.
2 Propiedad Intelectual
En
cuanto a los derechos de autor surge una situación particular, ya que la recién
derogada Ley sobre Derechos de Autor de 1962 establecía que el registro de
las obras protegidas por el derecho de autor se hacía por ante cualquier
Oficina Subalterna de Registro, estableciéndose una gran confusión por
cuanto los registradores desconocían la materia y no estaban de acuerdo sobre
qué pedir como soporte material de un derecho de autor.
La
nueva Ley sobre el Derecho de Autor, que entró en vigencia el 01-10-93
establece la creación de una oficina de registro de derechos de autor, pero
ésta no se ha creado todavía, así que continuarán haciéndose los depósitos
por ante cualquier Oficina Subalterna de Registro.
3.
CONVENCIONES INTERNACIONALES APROBADAS POR VENEZUELA
3.1
Propiedad Industrial
Venezuela
no ha suscrito ningún convenio internacional en esta materia. Aunque desde
Octubre de 1993, en el Congreso de la República se encuentran en espera de su
aprobación los proyectos de ley de adhesión al Convenio de París (9) y al
Tratado sobre Cooperación de Patentes. (10)
Venezuela
tampoco es parte de la Convención Internacional para la Protección de Nuevas
Variedades Vegetales (UPOV). (11)
3.2
Propiedad Intelectual
Comparado
con la materia de marcas y patentes, en lo que a la propiedad intelectual se
refiere, Venezuela está mucho mejor en cuanto a la adhesión de Tratados
Internacionales, ya que ha suscrito los tratados más importantes en el ámbito
internacional en esta materia, actualmente es miembro de:
*
La Convención Universal sobre los Derechos de Autor. (12).
*
El Tratado de la Unión de Berna para la Protección de las Obras Literarias,
Artísticas y Científicas. (13).
*
El Convenio sobre los Fonogramas. (14)
*
El Convenio sobre las Obras Radiodifundidas.
4.INICIATIVAS
REGIONALES SOBRE PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL EN LAS QUE PARTICIPA
VENEZUELA
4.1
La Propiedad Industrial
4.1.1
Antecedentes
4.1.1.1
Normativa regional
La
propiedad industrial en Venezuela había sido regulada por la Ley de Propiedad
Industrial de 1955. Ahora está casi totalmente sustituida por las decisiones
adoptadas en el marco del Acuerdo de Cartagena. En especial, como se indicó
al inicio, actualmente están en vigencia, la Decisión 344 relativa al Régimen
Común de la Propiedad para Marcas y Patentes y la Decisión 345 que rige el Régimen
Común para los Obtentores de Variedades Vegetales. (15) Igualmente sigue
siendo aplicable la Ley de Propiedad Industrial de 1955 en aquellos aspectos
no derogados por la Decisión 344.
4.1.1.2
Polémica sobre la vigencia de la Decisión 344
Como
actuaciones posteriores a la firma del Acuerdo de Cartagena, Venezuela
suscribe múltiples Decisiones. De acuerdo con los artículos 2 y 3 del
Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, (16) las Decisiones del Acuerdo
de Cartagena son exigibles tan pronto como sean publicadas en la Gaceta
Oficial del Acuerdo de Cartagena.
Estas
decisiones han sido: la Decisión 313 que sustituyó la Decisión 311, la
Decisión 344 que sustituyó a la Decisión 313 y la Decisión 345.
Fue
con respecto a Decisión 313 que comenzó una disputa doctrinaria. Esta fue
publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena no 101 de fecha 14 de
Febrero de 1992, pero no fue sino hasta el 5 de Agosto de 1992, cuando el
Registro de la Propiedad Industrial comenzó a aplicarla en Venezuela, se
publicó en la Gaceta Oficial de Venezuela Nº 4457 Extraordinaria.
En
aquel momento se abrió una gran polémica que hasta la fecha no se ha
decidido. Hay dos grandes corrientes contrapuestas, los calificados de
constitucionalistas y los llamados integracionistas, cuyos argumentos son:
*
Constitucionalistas: consideran que por el artículo 128 de la Constitución
todos los tratados internacionales que Venezuela suscriba deben ser aprobados
por el Congreso. El artículo 128 de la Constitución reza: "Los tratados
o convenios internacionales que celebre el Ejecutivo Nacional deberán ser
aprobados por ley especial para que tengan validez, salvo que mediante ellos
se trate de ejecutar o perfeccionar obligaciones preexistentes de la República,
de aplicar principios expresamente reconocidos por ella, de ejecutar actos
ordinarios en las relaciones nternacionales o de ejercer facultades que la ley
atribuya expresamente al Ejecutivo Nacional. Sin embargo, la Comisión
Delegada del Congreso podrá aprobar la ejecución provisional de tratados o
convenios internacionales cuya urgencia así lo requiera, los cuales serán
sometidos en todo caso a la posterior aprobación o improbación del
Congreso".
*
Integracionistas: consideran que esta aprobación no es necesaria por cuanto
no se trata de un tratado, sino del cumplimiento de obligaciones previamente
contraídas por la República las cuales sí habían sido ratificadas por el
Congreso de la República. En otras palabras, el Acuerdo de Cartagena, su
modificación y el Tratado de creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo
de Cartagena fueron ratificados por el Congreso y las Decisiones que emanan
del seno de la Junta del Acuerdo de Cartagena son ejecutorias de obligaciones
previamente establecidas por la República a través del Acuerdo de Cartagena,
su modificación y el Tratado de creación del Tribunal de Justicia del
Acuerdo de Cartagena.
El
criterio de los Constitucionalistas es que los tratados internacionales deben
ser aprobados por el Congreso, pero desconocen que con respecto a las
decisiones del Acuerdo de Cartagena hay una pequeña variación. El Acuerdo de
Cartagena que fue aprobado, por el Congreso, al igual que su subsiguiente
modificación y el Tratado de creación del Tribunal del Acuerdo de Cartagena.
En
la Ley Aprobatoria del Acuerdo de Cartagena, Venezuela se reservó
expresamente la facultad de que fuera el Congreso de la República el que
aprobara lo referente a las marcas y patentes. Al respecto consideramos que
tal reserva estaba viciada de nulidad absoluta por cuanto el Acuerdo de
Cartagena no permitía reservas, en consecuencia, o Venezuela no ha debido ser
considerada miembro del Acuerdo de Cartagena, o ha debido suscribirlo y
ratificarlo sin reservas, ya que el propio texto del Acuerdo de Cartagena
estipula que hay que acatarlo en su totalidad. De manera que, el artículo
primero de la Ley Aprobatoria del Acuerdo de Cartagena que estableció la
reserva mencionada, en nuestro criterio no era procedente.
Posteriormente,
en la modificación no se hizo mención alguna a la reserva.
Más
adelante, además, se suscribió el Tratado que crea el Tribunal de Justicia
del Acuerdo de Cartagena en cuyos artículos 2 y 3, se indica que las
decisiones del Acuerdo de Cartagena son decisiones ejecutivas del mismo,
tienen plena validez desde que son firmadas y entrarán en vigencia a partir
de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena; en
consecuencia, no necesitan la ratificación del Congreso.
Las
razones por las cuales, en nuestra opinión, no se requiere la aprobación
particular del Congreso de las decisiones son, en síntesis, que:
a)
El Tratado del Acuerdo de Cartagena fue aprobado por el Congreso.
b)
Venezuela firmó sin ninguna reserva el Tratado de creación del Tribunal
Andino de Justicia.
La
polémica antes descrita en el país se elevó al Tribunal de Justicia del
Acuerdo de Cartagena a raíz de que la Decisión 313, la cual no se aplicó en
Venezuela sino a partir del 5 de Agosto de 1992 que es la fecha en que se
publicó en la Gaceta Oficial de Venezuela. La respuesta ante las diversas
consultas elevadas al Tribunal Andino fue reiteradamente la misma, es decir
que las decisiones del Acuerdo de Cartagena son de aplicación inmediata, y
por lo tanto debían aplicarse de inmediato so pena de ser sancionado.
Existen
ante la Corte Suprema Justicia de Venezuela dos demandas de nulidad del acto
de publicación en la Gaceta Oficial del país de la Decisión 313 que todavía
no se ha decidido. Sin embargo, el Registro de la Propiedad Industrial estuvo
aplicando la Decisión 313 y actualmente está aplicando la Decisión 344.
4.1.2
Marcas
Las
marcas son todos los signos perceptivos y capaces de distinguir los productos
o servicios producidos o comercializados por una persona, de los productos o
servicios o similares de otra persona.
4.1.2.1
Novedades de las Decisiones 313 y 344
Las
Decisiones 313 y 344 han establecido varias novedades, entre otras incluyen la
protección de productos originarios de determinadas regiones que reúnen
característi-cas o cualidades debidas exclusivas o esencialmente al medio
geográfico donde se producen, incluidos los factores naturales y humanos.
4.1.2.1.1
Lapsos de registro
Se
acortan los lapsos de registro, lo cual es fundamental para un registro como
el actual que tiene un gran atraso.
4.1.2.1.2
Figuras
Se
da cabida a figuras que antes no existían, cuales son:
*
La marca notoria.
*
Las denominaciones de origen.
*
La marca de servicio.
*
La marca colectiva (la Decisión 344 la desarrolla más ampliamente que la
313, que es donde aparece por primera vez).
4.1.2.1.3
El derecho que concede la marca
Esto
es el derecho exclusivo a su uso dentro del territorio y el derecho a actuar
contra cualquier tercero que, sin el consentimiento del titular de la marca,
use una marca igual o semejante a la suya, pudiendo inducir a error al público
consumidor; así como, quien venda ofrezca, almacene o introduzca en el país
productos distinguidos con la marca o servicio de la misma, o importe o
exporte con la marca; o contra aquél que use una marca idéntica o muy
parecida con relación a los productos o servicios (distintos a los cubiertos
por el registro concedido) cuando el uso de ese signo de tales productos,
pueda conducir a error y confusión en el público y causar un daño económico,
o producir una dilución de la fuerza distintiva o valor comercial de la marca
en cuestión.
Este
principio de derecho exclusivo del titular de la marca tiene dos excepciones:
a)
Las importaciones paralelas.
b)
La coexistencia.
a)
Excepción de las importaciones paralelas: La Decisión 344 establece que los
titulares de las marcas registradas no pueden impedir que otras personas
importen productos legítimos (provenientes de los verdaderos titulares, del
licenciatario o de otras personas autorizadas) siempre que los productos
introducidos al país y vendidos de una manera lícita, mantengan las
condiciones y características que esos productos tienen y sean mantenidos
inalterados durante su período de comercialización.
b)
Excepción de la coexistencia
Solamente
el titular podrá usar la marca a menos que él llegue a un acuerdo con el
otro titular de una marca idéntica o semejante, en uno de los cuatro países
miembros del Acuerdo de Cartagena que permitiera dentro de un mismo territorio
y de manera recíproca comercializar el mismo producto, siempre que estos
productos estén claramente distinguidos en cuanto a su mercancía y servicios
de donde provienen, de forma tal que no se cree confusión en el público
consumidor, se identifique que el origen de los mismos cumpla con las prácticas
comerciales establecidas en la Ley para Promover y Proteger el Ejercicio de la
Libre Competencia (17) y se inscriban estos acuerdos por ante el Registro de
la Propiedad Industrial.
4.1.2.3
Vigencia de las marcas
Las
marcas, al igual que las denominaciones comerciales y las de servicio están
vigentes por un período de 10 años, renovables por iguales períodos.
Los
lemas están vigentes por el tiempo que están vigentes las marcas a las
cuales se aplican.
Las
denominaciones de origen están vigentes mientras están vigentes las
condiciones geográficas y las cualidades que motivaron su otorgamiento. La
autorización para su uso dura 10 años, renovables por períodos iguales.
4.1.2.4
Cancelación de las marcas
La
Decisión 344 establece dos casos en los cuales procede la cancelación de la
marca:
a)
Por que sea idéntica o similar a la marca notoria en el mundo.
b)
Por falta de uso durante los 3 años precedentes a que se inicie la acción de
cancelación.
4.1.3
Patentes
Se
consideran patentables las invenciones relativas a productos o procedimientos
en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevos, tengan nivel
inventivo, y sean susceptibles de aplicación industrial.
4.1.3.1
Objetos excluídos de patentamiento según la Decisión 344
La
Decisión 344 considera que no son invenciones, y por lo tanto no son
patentables, ni las obras literarias o artísticas, ni las creaciones estéticas
o creaciones científicas, por cuanto son objeto de la protección de La Ley
de Derecho de Autor.
Tampoco
se consideran invenciones los programas de ordenadores de soporte lógico, ni
los métodos terapéuticos o quirúrgicos para el tratamiento humano o animal,
ni los métodos de diagnóstico.
La
Decisión 344 establece que no es posible patentar las invenciones
evidentemente contrarias a la salud a la vida de las personas o animales, a la
preservación de los vegetales o del medio ambiente.
Tampoco
es posible patentar las especies y razas animales, y procedimientos
esencialmente biológicos para su obtención, o las invenciones con materias
que componen el cuerpo humano y que versen sobre la identidad genética del
mismo.
Las
invenciones relativas a los productos farmacéuticos que figuran en la lista
de medicamentos esenciales de la Organización Mundial de la Salud. Esto
quiere decir que todos los medicamentos que no están incluidos en dicha lista
pueden ser patentados actualmente en Venezuela.
La
Decisión 344 cerró una polémica que había en Venezuela en relación con
los medicamentos, por cuanto la Decisión 313, en una disposición
transitoria, establecía que, si no se dictaba una ley especial que
suspendiera el patentamiento de los fármacos por un período que podía
llegar a ser hasta un máximo de 10 años, éstos podían ser patentados.
4.1.3.2
Novedades de la Decisión 344
4.1.3.2.1
Tiempo de patentamiento
Aumentó
el tiempo de patentamiento a 20 años contados a partir de la fecha de
solicitud. Bajo la vigencia de la Ley de Propiedad Industrial de 1955 las de
invención se concedían por 10 años contados a partir de la fecha de concesión.
Por su parte, en la Decisión 313 se alargó a 15 años contados a partir de
la fecha de solicitud.
4.1.3.2.2
Tipos de patentes
a)
Conforme a la Ley de 1955 existían las siguientes patentes:
*
Invención.
*
Modelo industrial.
*
Dibujo industrial.
*
Mejora.
*
Reválida
*
Introducción.
Esa
Ley era muy estricta en cuanto a lo que se podía patentar y no permitía
patentar los secretos industriales, las bebidas y productos alimenticios, las
productos farmacéuticos, las preparaciones, reacciones y combinaciones químicas.
b)
Conforme a las Decisión 313 se incorporaron las siguientes patentes:
*
Invención.
*
Diseño industrial: ahora agrupa la patente de dibujo y la patente de modelo.
*
Modelos de utilidad
La
de invención busca proteger una invención que se refiere a un procedimiento
de una maquinaria, al procedimiento o al producto farmacéutico final, etc. y
se concede por 20 años a partir de la fecha de la solicitud de registro.
La
de diseño industrial lo que se busca es el aspecto externo, la originalidad,
no la novedad. Se conceden por 8 años contados a partir de la fecha de
solicitud de registro.
La
patente de modelo de utilidad (llamada la pequeña invención) busca proteger
a toda nueva forma, configuración o disposición , se otorga a toda nueva
forma, configuración o disposición de elementos de algún artefacto
herramienta, instrumento, mecanismo u otro objeto o de alguna parte del mismo
que permita un mejor o diferente funcionamiento, utilización o fabricación
del objeto que lo incorpora o que le proporcione alguna utilidad, ventaja o
efecto técnico que antes no tenía. Esta se concede por un plazo por 10 años
contados a partir de la fecha de solicitud de registro.
c)
Conforme a la Decisión 344 se introducen:
Los
secretos industriales
Con
los secretos industriales se protege al secreto industrial en la medida que
sea secreto, que tenga valor comercial efectivo o potencial, y en la medida
que las personas que tengan control sobre los mismos hayan adoptado medidas
razonables para mantenerlos secretos.
La
información de un secreto industrial debe referirse a la naturaleza, características,
o finalidades del producto; a los métodos o procesos de producción; o a los
medios o formas de distribución, o comercialización.
4.1.3.2.3
El régimen de licencia obligatoria
Esta
licencia podrá otorgarse siempre que no se haya explotado una patente en
Venezuela o se halla suspendido su uso sin motivo justificado por más de un año.
4.1.3.2.4
Acciones de daños y perjuicios
En
Venezuela por primera vez se establece una acción que permite al titular de
una patente resarcir los daños y perjuicios que se le han causado por la
violación de su patente. Ahora bien, la violación generalmente comienza
cuando se está en un proceso de registro de la patente y en ese momento se
tiene una expectativa de derecho de que le concedan la patente, más no un
derecho concedido que le permita accionar.
Esta
acción especial que establece la Decisión 344 puede ejercerla el titular de
una patente en el momento que obtiene el registro. Los efectos de la acción
se retrotraen al momento en que la patente fue publicada como solicitada en el
boletín de la Propiedad Industrial. De allí se pueden empezar a reclamar los
daños y perjuicios.
4.1.3
Reglamento de la Decisión 313
En
la Gaceta Oficial de la República de Venezuela n4563 de fecha 15 de Abril de
1993 fue publicado el Decreto n 2887 mediante el cual se dictó el Reglamento
de la Decisión 313 del Acuerdo de Cartagena sobre el Régimen de la Propiedad
Industrial.
Este
Reglamento actualmente no está en aplicación por cuanto regula la Decisión
313 que fue derogada por la Decisión 344. En los momentos se está preparando
un proyecto de Reglamento de la Decisión 344.
4.1.4
Variedades Vegetales
La
Decisión 345 establece el régimen común de protección a los obtentores de
las variedades vegetales. También establece que se regirá por un reglamento
a dictarse dentro de los 90 días siguientes a su entrada en vigencia, plazo
éste que venció el 29 de Enero de 1994.
En
el Proyecto original de modificación de la Decisión 313 había una disposición
transitoria que establecía que se iba a crear una decisión especial para las
variedades vegetales y la biotecnología. Allí se estipulaba la posibilidad
de obtener patentes de invención para las variedades vegetales. Esta
corriente fue sostenida hasta el final, pero cuando se suscribió la decisión
esto no quedó como patente sino como certificado. El certificado de obtentor
es muy parecido al certificado de depósito y obtentor que se otorga de
conformidad con el Tratado de la UPOV. Sin embargo, dado que no está
expresamente excluida la protección por vía de patentes, de acuerdo con los
supuestos taxativamente enumerados en los artículos 6 y 7 de la Decisión
344, es posible, como alternativa optar a la protección de las variedades
vegetales por vía de patentes. De manera que, en Venezuela existe un sistema
dual de protección a los obtentores de variedades vegetales.
La
concesión de un certificado de obtentor concede a su titular el derecho a
impedir que terceros realicen sin su consentimiento algunos actos respecto del
material de reproducción, propagación, o multiplicación de la variedad
protegida. Estos actos abarcan entre otros, los de producción, reproducción,
multiplicación o propagación, así como, preparación con fines de
reproducción, preparación, multiplicación, oferta en venta, exportación,
importación, posesión para cualquiera de los fines mencionados, etc.
4.1.4
Procedimiento para proteger las variedades vegetales
a)
Requisitos de patentamiento
El
ámbito de aplicación se extiende a todos los géneros y especies botánicas,
siempre que su cultivo, posesión y utilización no se encuentre prohibido por
razones de la salud humana, animal o vegetal.
Se
otorgan los certificados a quienes hayan obtenido variedades nuevas, homogéneas,
distinguibles, estables y que se les hubiese asignado una denominación que
constituye su designación genérica.
Respecto
de las variedades vegetales, el término novedad tiene una acepción diferente
a la de patentes. Es nueva, si el material de reproducción, multiplicación,
o un producto de su cosecha no ha sido vendido o entregado de una manera lícita
a terceros por el obtentor o causahabientes, a los fines de la explotación
comercial de la misma.
La
novedad de las variedades vegetales se pierde en dos supuestos:
1.
Cuando la explotación ha comenzado por lo menos un año antes de la
presentación de la solicitud del otorgamiento del certificado, si la venta o
entrega se efectúa en cualquier país miembro.
2.
Cuando la explotación comenzó, al menos 4 años antes de la presentación de
la solicitud del certificado o de la prioridad reivindicada, si la venta o
entrega se efectúa dentro del territorio de cualquier país miembro y en el
caso de los árboles y vides si la explotación comenzó por lo menos 6 años
antes.
La
autoridad nacional competente indicará si, adicionalmente, debe agregarse una
explicación detallada del procedimiento de obtención de la variedad vegetal,
así como, una muestra viva de dicha variedad, o el documento que acredite su
depósito por ante la autoridad nacional competente de cualquier país, por
cuanto en Venezuela no hay entes depositarios autorizados o reconocidos.
b)
Fases para la obtención del certificado
1.
Presentación de la solicitud, la cual debe cumplir las mismas condiciones
exigidas para las patentes de invención.
2.
La autoridad nacional competente emite un concepto técnico sobre la novedad y
estabilidad de dicha solicitud.
3.
La autoridad nacional competente otorga el certificado de obtentor, el cual
tiene que comunicarse a la Junta del Acuerdo de Cartagena, que lo hará del
conocimiento de los demás miembros.
c)
Depósitos
Las
variedades vegetales requieren que sean depositadas en alguno de los
institutos especialmente creados o autorizados para ello, lo cual no ha sido
decidido todavía en el país.
Se
piensa que será un organismo adscrito al Ministerio de Agricultura y Cría, (M.A.C.)
posiblemente sea el Fondo Nacional de Investigaciones Agropecuarias (FONAIAP).
Mientras
tanto, podrá hacerse ante los organismos de los países depositarios señalados
por la UPOV.
4.1.4.2
Duración del certificado de obtentor
El
certificado tiene una duración de 20 a 25 años para el caso de las vides, árboles
forestales, y árboles frutales, incluidos sus porta-injertos. Con respecto a
las demás especies su duración es de 15 a 20 años contados a partir de la
fecha de su otorgamiento.
4.1.4.3
Acción de daños y perjuicios
Al
igual que en las patentes, existe una acción de daños y perjuicios respecto
de los daños causados durante el período comprendido entre la presentación
de la solicitud y la fecha de concesión del certificado. Esta sólo puede
intentarse una vez que se ha obtenido el certificado, aunque los daños pueden
considerarse retroactivamente desde la fecha de publicación de la certificación.
4.1.4.4
Nulidad y cancelación del certificado
El
certificado de obtentor, al igual que las marcas y patentes, está sujeta a la
nulidad y a la cancelación. La nulidad puede ser declarada de oficio o a
solicitud de parte interesada cuando ocurre alguna de las siguientes
situaciones:
a)
La variedad no cumplía con los requisitos de novedad y distinguibilidad para
el momento del otorgamiento del certificado.
b)
La variedad no cumplía con las condiciones de homogeneidad y estabilidad.
c)
Fue conferida a una persona que no tenía derecho al mismo.
d)
Cuando el obtentor no presente la información para comprobar el mantenimiento
o reposición de la variedad registrada.
e)
Cuando ha sido rechazada la denominación de una variedad y el obtentor no
proponga otra denominación adecuada dentro del término que se le establezca.
f)
Falta de pago de las tasas.
4.2
Propiedad Intelectual
Es
por vía del Derecho de Autor que se protege los derechos de autor sobre las
obras de ingenio de carácter creador, ya sean de índole literaria, científica
o artística, cualquiera sea su género, forma de expresión, mérito o
destino.
4.2.1
Normativa
Venezuela
está por publicar en la Gaceta Oficial la Decisión 351 de la Comisión del
Acuerdo de Cartagena sobre el Régimen Común sobre Derecho de Autor y
Derechos Conexos aprobada en el 61o Período Extraordinario de Sesiones de la
Comisión, celebrado el 17-09-93 en Lima, Perú.
Por
otra parte a nivel nacional, la Ley de Derecho de Autor (18) promulgada en
Octubre del año pasado introdujo las siguientes novedades:
4.2.2
Novedades
4.2.2.1
Lapso de protección de las obras
Se
aumenta el lapso de protección de la obras objeto de la Ley. Con
anterioridad, dicho lapso cubría toda la vida del autor, hasta 50 años después
de su muerte. Actualmente la protección es de toda la vida del autor más 60
años después de su muerte.
4.2.2.2
Objeto de la protección
Actualmente
la Ley incluye de manera expresa la protección de los programas de computación.
Anteriormente, estos se protegían indirectamente, en virtud de que se les
asemejaba a obras escritas. Ahora, tanto los programas, como las bases de
datos, la documentación técnica y los manuales de uso están expresamente
protegidos.
También,
amplía la protección a las obras audiovisuales, de manera que además de las
obras cinematográficas tradicionales, se protegen las telenovelas, videos, y
los documentales, entre otros.
Igualmente,
se incorporan los derechos conexos, es decir, las actividades de promo-ción,
como los derechos que poseen los artistas, intérpretes o ejecutantes, los
productores fonográficos y otros organismos de radiodifusión.
4.2.3
Acciones judiciales para la protección y sanciones
La
Ley establece una serie de acciones civiles y penales dirigidas a proteger las
violaciones a los derechos de autor.
De
esta manera los infractores a los derechos de autor pueden ser sometidos a las
siguientes sanciones civiles: secuestro, embargo y acción de daños y
perjuicios. Además se contempla una acción por resarcimiento de daños
morales y materiales que puede ejercer el titular de los derechos de explotación
de la obra contra aquel infractor que desconozca los derechos del titular o
que continúe o reincida en una violación ya realizada. Hay otra acción que
consiste en la destrucción o retiro de los ejemplares o copias ilícitamente
reproducidas y de los aparatos utilizados para su reproducción, los aparatos
serán destruidos siempre y cuando no puedan ser utilizados para una
reproducción o comunicación diferente.
Por
su parte las sanciones penales abarcan:
a)
De 6 a 18 meses de prisión contra aquél que con intención y sin tener
derecho, emplee el título de la obra sin autorización, o comunique total o
parcialmente obras ajenas, textos, fotografías o imágenes impresas en cintas
cinematográficas, o distribuyan los ejemplares u obras protegidas sin
consentimiento del titular.
b)
De 1 a 4 años de prisión contra aquél que con intención y sin derecho,
reproduzca en todo o en parte obras protegidas por la Ley, y contra quienes
introduzcan al país, almacenen, comercialicen o pongan en circulación
producciones ilícitas de las obras de ingenio protegidas por la Ley.
c)
De 1 a 4 años de prisión contra aquellos que intencionalmente y sin derecho,
reproduzcan o copien fonogramas actuaciones de intérpretes o ejecutantes,
emisiones de radio, o que sin autorización del titular del derecho
introduzcan, almacenen o comercialicen dichas reproducciones o copias en el país.
5.COMPARACION
ENTRE LA CONVENCION SOBRE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y EL ORDENAMIENTO JURIDICO
VENEZOLANO
Esta
comparación se va a centrar en las disposiciones relacionadas con la protección
de los conocimientos indígenas, la bioseguridad, las áreas y especies
protegidas, el acceso a los recursos genéticos y el acceso a los resultados
de las investigaciones científicas y la participación en las investigaciones
sobre biotecnología, el compartir los beneficios derivados de la utilización
comercial de los recursos genéticos , y el acceso y transferencia de tecnología
y biotecnología sujeta a patentes y otros derechos de propiedad industrial e
intelectual. A continuación se transcriben los extractos de las disposiciones
referidas contenidas en la Convención sobre la Diversidad Biológica.
5.1.
La Convención sobre Diversidad Biológica
5.1.1
Protección de áreas, Ecosistemas, Hábitat y Especies
Artículo
8:
Cada
Parte Contratante, en la medida de lo posible y según proceda:
a)
Establecerá un sistema de áreas protegidas o áreas donde haya que tomar
esas medidas especiales para conservar la diversidad biológica;
b)
Cuando sea necesario, elaborará directrices para la selección, el
establecimiento y la ordenación de áreas protegidas o áreas donde haya que
tomar medidas especiales para conservar la diversidad biológica;
c)
Reglamentará o administrará los recursos biológicos importantes para la
conservación de la diversidad biológica, ya sea dentro o fuera de las áreas
protegidas, para garantizar su conservación y utilización sostenible;
d)
Promoverá la protección de ecosistemas y hábitats naturales y el
mantenimiento de poblaciones viables de especies en entornos naturales;
e)
Promoverá un desarrollo ambientalmente adecuado y sostenible en zonas
adyacentes a áreas protegidas con miras a aumentar la protección de esas
zonas;
f)
Rehabilitará y restaurará ecosistemas degradados y promoverá la recuperación
de especies amenazadas, entre otras cosas mediante la elaboración y aplicación
de planes u otras estrategias de ordenación;
h)
Impedirá que se introduzcan, controlará o erradicará las especies exóticas
que amenacen a ecosistemas, hábitats o especies;
k)
Establecerá o mantendrá la legislación necesaria para y/u otras
disposiciones de reglamentación para la protección de especies y poblaciones
amenazadas.
l)
Cuando se haya determinado, de conformidad con el artículo 7, un efecto
adverso importante para la diversidad biológica, reglamentará u ordenará
los procesos y categorías de actividades pertinentes.
5.1.2
Bioseguridad
Artículo
8:
"
mecanismos de conservación in situ que prevén que "cada Parte
Contratante, en la medida de lo posible y según proceda:
g)
Establecerá o mantendrá medios para regular, administrar o controlar los
riesgos derivados de la utilización y la liberación de organismos vivos
modificados como resultado de la biotecnología que es probable tengan
repercusiones ambientales adversas que puedan afectar a la conservación y a
la utilización sostenible de la diversidad biológica, teniendo en cuenta los
riesgos para la salud humana.
5.1.3
Conocimientos Indígenas
Artículo
8
j)
Con arreglo a su legislación nacional, respetará, preservará y mantendrá
los conocimientos, las innovaciones y las prácticas de las comunidades indígenas
y locales que entrañen estilos tradicionales de vida pertinentes para la
conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica y
promoverá su aplicación más amplia, con la aprobación y participación de
quienes posean esos conocimientos, innovaciones y prácticas, y fomentará que
los beneficios derivados de la utilización de esos conocimientos,
innovaciones y prácticas se compartan equitativamente "
Artículo
10:
"
como medidas para la utilización sostenible de los componentes de la
diversidad biológica, cada "Parte Contratante, en la medida de lo
posible y según proceda:
c)
Protegerá y alentará la utilización consuetudinaria de los recursos biológicos,
de conformidad con las prácticas culturales tradicionales que sean
compatibles con las exigencias de la conservación o de la utilización
sostenible".
5.1.4
Acceso a los Recursos Genéticos
Artículo
15:
"
mecanismos de acceso a los recursos genéticos que contemplan:
1.
En reconocimiento de los derechos soberanos de los Estados sobre sus recursos
naturales, la facultad de regular el acceso a los recursos genéticos incumbe
a los gobiernos nacionales y está sometido a la legislación nacional.
5.1.5
Compartir los resultados de las Investigaciones y los beneficios comerciales
derivados de los Recursos Genéticos
Artículo
15:
7.
Cada parte Contratante tomará medidas legislativas, administrativas o de política,
según proceda, para compartir en forma justa y equitativa los resultados de
las actividades de investigación y desarrollo y los beneficios derivados de
la utilización comercial y de otra índole de los recursos genéticos con la
parte contratante que aporta esos recursos ".
5.1.6
Acceso a la Tecnología sujeta a Patentes y otros derechos de Propiedad
Intelectual y Transferencia de Tecnología.
Artículo
16:
mecanismos
de acceso y transferencia de tecnología que estipulan:
1.
Cada Parte Contratante, se compromete. a asegurar y/o facilitar a otras Partes
Contratantes el acceso a tecnologías pertinentes para la conservación y
utilización sostenible de la diversidad biológica o que utilicen recursos
genéticos y no causen daños significativos al medio ambiente, así como la
transferencia de esas tecnologías".
2.
El acceso de los países en desarrollo a la tecnología y la transferencia de
tecnología a esos países, se asegurará o facilitará en condiciones justas
y en los términos más favorables, incluidas las condiciones preferenciales y
concesionarias que se establezcan de común acuerdo En el caso de tecnología
sujeta a patentes y otros derechos de propiedad intelectual, el acceso a esa
tecnología y su transferencia se asegurarán en condiciones que tengan en
cuenta la protección adecuada y eficaz de los derechos de propiedad
intelectual y sean compatibles con ella ".
3.
Cada Parte Contratante tomará medidas legislativas, administrativas o de política,
según proceda, con el objeto de que se asegure a las Partes Contratantes, en
particular las que son países en desarrollo, que aportan recursos genéticos,
el acceso a la tecnología que utilice ese material y la transferencia de esa
tecnología, en condiciones mutuamente acordadas, incluida la tecnología
protegida por patentes y otros derechos de propiedad intelectual ".
4.
Cada Parte Contratante tomará medidas legislativas, administrativas o de política,
según proceda, con el objeto de que el sector privado facilite el acceso a la
tecnología., su desarrollo conjunto y su transferencia en beneficio de las
instituciones gubernamentales y el sector privado de los países en desarrollo
"
5.1.7
Gestión de Biotecnología y distribucón de sus beneficios
Artículo
19: como mecanismos de gestión de la biotecnología y distribución de sus
beneficios, contempla que:
1.
Cada Parte Contratante adoptará medidas legislativas, administrativas o de
política, según proceda, para asegurar la participación efectiva en las
actividades de investigación sobre biotecnología de las Partes Contratantes,
en particular los países en desarrollo, que aportan recursos genéticos para
tales investigaciones, y, cuando sea factible, en esas Partes Contratantes.
2.
Cada Parte Contratante adoptará las medidas practicables para promover e
impulsar en condiciones justas y equitativas el acceso prioritario de las
Partes Contratantes, en particular los países en desarrollo, a los resultados
y beneficios derivados de las biotecnologías basadas en recursos genéticos
aportados a esas Partes Contratantes.
4.
Cada Parte Contratante proporcionará, directamente o exigiéndoselo a toda
persona natural o jurídica bajo su jurisdicción que suministre los
organismos a los que se hace referencia en el párrafo 3, toda la información
disponible acerca de las reglamentaciones relativas al uso y la seguridad
requeridas por esa Parte Contratante para la manipulación de dichos
organismos, así como toda la información disponible sobre los posibles
efectos adversos de los organismos específicos de que se trate, a la Parte
Contratante en la que esos organismos hayan de introducirse.
5.2
El Ordenamiento Jurídico venezolano
De
todas esas disposiciones, los aspectos que tienen algún tipo de regulación
en el ordenamiento jurídico nacional son los siguientes:
1.
El Control de los riesgos derivados de la utilización y liberación de
organismos vivos modificados.
Es
únicamente a través de la disposición transitoria tercera de la Decisión
345 del Acuerdo de Cartagena sobre el Régimen común de protección a los
derechos de los obtentores de variedades vegetales que se tienen las bases
para garantizar lo relacionado con la bioseguridad. Para ello los países
miembros deberán aprobar antes de finalizar el presente año el régimen común
que además de reglar el acceso a los recursos biogenéticos, garantice la
bioseguridad de la subregión. Por demás, no existe en el país ningún tipo
instrumento jurídico que regule este aspecto.
2.
Proteción de los conocimientos Indígenas y Nativos
En
Venezuela no hay normativa que proteja directamente los conocimientos indígenas.
Lo que existe es una normativa de carácter marco, según la cual se deberían
dictar regulaciones en ese sentido. Así, Venezuela suscribió el Tratado de
Cooperación Amazónica (19), y adoptó la Declaración de Manaos (20).
Por
otra parte, a través de los instrumentos de la propiedad intelectual e
industrial también se abren posibilidades para la protección de estos
conocimientos. Por ejemplo, por medio de la Ley sobre Derecho de Autor
recientemente modificada pueden registrarse los conocimientos científicos
contenidos en la literatura. Sin embargo, en la práctica lo que se estaría
protegiendo no es los conocimientos en sí, sino el libro o folleto literario
(soporte material) y no el contenido en sí.
De
acuerdo con la institución del derecho de autor, lo que se estaría
protegiendo es al autor de la obra material, sea o no el indígena. Por lo
tanto, para lograr la protección de dichos conocimientos en caso de que la
obra material no pertenezca al indígena, se podría plantear que el autor
ceda total o parcialmente los derechos económicos de explotación de la obra
al indígena. Sin embargo esto no está estipulado como algo obligatorio.
También
podría pensarse en la protección de esos conocimientos a través de las
patentes o de los secretos industriales. En el primer caso, deben cumplirse
las características necesarias o requisitos exigidos en los artículos 2, 4,
5, 6 y 7 de la Decisión 344. Esas condiciones son: que la invención sea
nueva, tenga nivel inventivo y aplicación industrial, además de ser un
objeto patentable per se, es decir no excluido de la Decisión. En el caso de
las variedades vegetales que están reguladas por la Decisión 345, es
discutible si los conocimientos de los indígenas pueden protegerse, en vista
de que el artículo 4 se refiere expresamente a los "conocimientos científicos".
Por
su parte, los secretos industriales de acuerdo con el artículo 72 de la
Decisión 344 deben ser referidos a la naturaleza, características o
finalidades de los productos, a los métodos o procesos de protección, o los
medios o formas de distribución o comercialización de productos o prestación
de servicios.
Otro
instrumento de carácter marco (por demás antropológicamente desfasado) es
el Convenio no 107 relativo a la protección e integración de las poblaciones
indígenas y de otras poblaciones tribuales y semi-tribuales en los países
independientes. (21) Según se expresa en la exposición de motivos de la
proyecto de Ley orgánica de comunidades, pueblos y culturas indígenas, ese
Convenio reconoce el "derecho de propiedad, colectiva e individual, a
favor de los miembros de las poblaciones en cuestión sobre las tierras
tradicionalmente ocupadas por ellas e igualmente se consagra proteger a su
cultura, lengua, costumbres, desarrollo económico y social ".
Existe
en el Congreso un proyecto de Ley orgánica de comunidades, pueblos y culturas
indígenas (22) que no contempla disposiciones específicas para la protección
a través de la propiedad intelectual de los conocimientos indígenas.
En
todo caso, el capítulo V sobre los Derechos Económicos y el Etnodesarrollo
da pie a que el Estado dicte medidas que cubran este vacío. Así el artículo
18 reconoce el derecho de los indígenas gozar de todos los beneficios económicos
consagrados en la leyes del país. Igualmente el artículo 19 obliga al Estado
a garantizar a los indígenas el financiar programas económicos para el
fomento de las actividades agropecuarias, pesqueras, psícolas, artesanales,
industriales, científicas, tecnológicas, entre otras.
Por
otra parte, en el capítulo IV sobre la Política Sanitaria y la Etnomedicina,
se establece que los médicos rurales, sanitarias, odontólogos, personal
paramédico, pasantes e investigadores en el área deben respetar las
costumbres y cultura de los indígenas, sin embargo está condicionado a
"todo aquello que no evite el cumplimiento de la política sanitaria y de
salud de interés social, "
El
acceso a las áreas indígenas además está regulado desde 1951 por el
Decreto-Ley no 250 que regula las expediciones a las zonas habitadas por indígenas
(23). Conforme al Decreto-Ley es el Ministerio de Educación, a través de la
Oficina Ministerial de Asuntos Fronterizos y para Indígenas el que debe
autorizar las expediciones a zonas habitadas por indígenas.
El
Decreto-Ley exige la presentación de una solicitud donde se indique las
condiciones en que se llevará a cabo la expedición, su finalidad, duración,
zona por recorrer, entre otros. La realización de expediciones a estas zonas
sin la autorización o el incumplimiento de las condiciones de la misma da
lugar a la aplicación de sanciones pecuniarias, que por cierto son
insignificantes.
Según
se indica en la Separata del Boletín Indigenista Venezolano (24) "los
peticionarios por su parte, mediante documento debidamente autenticado ante un
Notario Público, se obligan a entregar al Gobierno Nacional, a través del
Ministerio de Educación O.M.A.F.I., copias de las fotografías, filmaciones,
grabaciones, etc. que hubiesen tomado o recopilado; un duplicado de cada
objeto perteneciente a la cultura material del grupo (s) visitado, e
igualmente se comprometen a entregar una copia del informe final de la
investigación, el cual podrá ser publicado sin fines de lucro y sin previa
autorización del autor, por cualquier organismo oficial venezolano, en razón
de que el documento autenticado el peticionario autoriza su publicación en
español, así como la publicación de cualquier otro artículo o libro que el
peticionario publicare en el futuro y que esté relacionado con el grupo indígena
o la región para la cual se le otorgó permiso de expedición".
Hasta
donde tenemos conocimiento eso no se cumple en la práctica.
Por
último, en el proyecto de Resolución Conjunta entre el Ministro del Ambiente
y de los Recursos Naturales Renovables (MARNR) y el Ministro de Estado
Presidente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas
(CONICIT) elaborado en 1993, contentivo de las normas de regulación y control
de la ejecución de las actividades de investigación ambiental y de los
recursos naturales renovables en el Territorio Federal Amazonas (25)
(actualmente Estado ), prevé en su artículo 6 que se cuente con la aprobación
de la Dirección de Asuntos Indígenas del Ministerio de Educación, si las
investigaciones tienen lugar en comunidades indígenas.
3.
Áreas Ecosistemas, Hábitat y Especies protegidas y el acceso a los
Recursos
Genéticos.
Si
un aspecto está jurídicamente bastante bien respaldado es el de las Areas
BajoRrégimen de Administración Especial (ABRAES). No sólo existe un marco
legal bien definido y completo que permite la creación de las ABRAES, sino
que en la práctica, en los últimos años se han creado un gran número de
esas áreas. Principalmente es la Ley Orgánica para la Ordenación del
Territorio (26) la que enmarca la reglamentación de esas áreas.
La
Ley Orgánica de Ordenación del Territorio, establece 25 figuras legales de
administración especial, de las cuales, solamente se han utilizado dieciocho,
abarcando una extensión aproximada de 51.0 millones de hectáreas, el 55,6%
del territorio nacional las cuales se encuentran distribuidas de la siguiente
manera: 39 Parques Nacionales (12,95 millones de hectáreas); 17 Monumentos
Naturales (1,05 millones de hectáreas); 49 zonas protectoras (13,0 millones
de hectáreas, 14,4% del país), en esta categoría se encuentran las figuras
para la protección de las márgenes de los ríos, cursos de aguas naturales y
manantiales, cuencas hidrográficas, recursos escénicos y zonas protectoras
de ciudades.
En
los Anexos se muestra un cuadro resumen de todas las categorías y número de
ABRAES en el país para 1993, y un mapa donde se señala su ubicación geográfica.
En
especial, las ABRAES que tienen vinculación directa con la protección de o
aprovechamiento de la biodiversidad nacional son los Parques Nacionales,
Monumentos de Naturales, Refugios de Fauna Silvestres, Reservas de Biosfera,
áreas de protección y recuperación ambiental, áreas boscosas bajo protección.
En
especial, como medida existente contribuyente a proteger la biodiversidad del
Amazonas venezolano existe un Decreto desde 1978 mediante el cual quedaron
prohibidas las talas, deforestaciones y explotaciones de productos forestales
madereros.(27)
Gracias
a la creación de esas ABRAES el acceso a los recursos genéticos está en
cierta medida jurídicamente controlado, especialmente en los parques
nacionales y monumentos naturales. Son justamente estas áreas las que
contienen la mayor cantidad de recursos naturales con menor grado de
intervención o impacto humano. De todo el territorio nacional estos parques
nacionales y monumentos naturales cubren el 21,77%. Además, en el país también
han sido creadas 2 reservas de biosfera.
En
Venezuela el concepto de Reserva de Biosfera utilizado presenta la variante
significativa de estar inscrito en la política y proceso de ordenamiento
territorial. La Ley Orgánica para la Ordenación del Territorio las define
como "zonas en las que se combinan la presencia de biomasas naturales que
deben ser preservadas por su alto valor científico y biológico con la
existencia de poblaciones locales caracterizadas por modos de vida en lo económico,
social, y cultural que configuran un especial sistema de relaciones
hombre-espacio.
Con
esta base jurídica Venezuela decreta la creación de dos Reservas de Biosfera
: la del Alto Orinoco Casiquiare " con una extensión de 84.000 km2 y la
del "Delta del Orinoco" con una superficie de 11.000 km2.
La
principal fuente internacional que da pie a la creación de los parques
nacionales es la Convención para la Protección de la Flora, Fauna y de las
Bellezas Escénicas Naturales de los Países de América, aprobada por
Venezuela en 1941. (28)
Otros
tratados internacionales sobre esta materia suscritos por Venezuela son:
*
La Convención relativa los Humedales de Importancia Internacional como Hábitat
de Aves Acuáticas (Convención de Ramsar). (29)
*
La Convención para la protección del patrimonio mundial, cultural y natural
que también tienen por objeto, entre otros la protección de áreas
naturales.(30)
Por
otra parte, particularmente en relación a los Parques Nacionales y Monumentos
Naturales, el acceso a los recursos genéticos está controlado a través de
la Ley Forestal de Suelos y Aguas y su Reglamento, y el Decreto n 276 sobre la
Administración y Manejo de los Parques Nacionales y Monumentos Naturales, así
como el Plan de Ordenación y Reglamento de Uso que en particular se dicte
para cada área en particular, por lo menos desde el punto de vista del
control previo (imposición de las condiciones de extracción) y la Ley Penal
del Ambiente, desde el punto de vista del control de policía, es decir, de la
imposición de las sanciones pertinentes por el incumplimiento de los
requisitos legales.
Así
la Ley Forestal de Suelos y Aguas prohibe la utilización de las riquezas
existentes en los parques nacionales para "ser sometidas a intervenciones
que perjudiquen las funciones de los Parques, ni explotadas con fines
comerciales"(art. 12). Además, dentro de los Parques Nacionales se
prohibe la caza, la matanza o captura de especímenes de la fauna y la
destrucción o recolección de ejemplares de la flora, excepto para
investigación (art. 12 parágrafo único). También el Decreto n 276 reitera
la prohibición de la caza con fines deportivos comerciales o de subsistencia
(art. 19 numeral 1), la pesca con fines comerciales y la submarina (art. 19
numeral 2) y las talas y deforestaciones (art. 19 numeral 6).
Además,
de acuerdo con el Reglamento de la Ley Forestal de Suelos y Aguas (art. 41),
la actividad de colección de especímenes o muestras para investigaciones
científicas en los Parques Nacionales requiere de un permiso para lo cual
deben presentarse, entre otros, los siguientes recaudos:
a)
Certificación de que el solicitante es investigador científico o que está
afiliado o representa alguna institución pública o de carácter científico.
b)
Especificación detallada de la finalidad científica que motiva la solicitud.
En
los Parques Nacionales y Monumentos Naturales también es necesario obtener
permiso para la extracción de especies con fines científicos, de acuerdo con
el artículo 20, numeral 13 del Decreto no 276.
En
el resto del territorio no afectado bajo algún tipo de ABRAES, el control de
la extracción de los recursos naturales con fines de investigación científica
es más débil. En el caso de la fauna, la Ley de protección a la Fauna
Silvestre (31) exige la obtención de una licencia para la realización de la
caza con fines científicos (artículo 64). Esta licencia es otorgada por la
autoridad nacional encargada de la fauna que es el Servicio Autónomo para la
Protección, Restauración, Fomento y Racional Aprovechamiento de la Fauna
Silvestre y Acuática del país (32) (PROFAUNA) que está adscrito al MARNR.
Por su parte la extracción de muestras de la flora también requiere de la
obtención de una autorización de acuerdo con la Ley Forestal de Suelos y
Aguas (33). El organismo encargado de otorgarla es otro servicio autónomo del
MARNR llamado Servicio Forestal Venezolano (34) (SEFORVEN).
A
su vez, el Reglamento de la Ley Forestal de Suelos y Aguas (35) especifica los
requisitos que hay que llenar para solicitar la autorización dentro de los
Parques Nacionales, los cuales incluyen de acuerdo con su artículo 41:
a)
Certificación de que el solicitante es investigador científico o está
afiliado o representa alguna institución pública o privada de carácter
científico.
b)
Especificación detallada de lo que motiva la investigación.
c)
Declaración jurada de acatar las disposiciones que el Ministerio del Ambiente
y de los Recursos Naturales Renovables establezca, en caso de ser concedido el
permiso.
Igualmente
la propia Ley de Creación del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas
y Tecnológicas (36) (CONICIT) exige a los investigadores extranjeros obtener
la correspondiente autorización para efectuar proyectos de investigación en
el país la cual es otorgada por ese organismo (artículo 9). Adicionalmente,
establece como sanción al incumplimiento de esta norma o de las condiciones
en la propia autorización la "incautación de los efectos de sus
investigación y el producto de la misma, así como la prohibición de
efectuar nuevas investigaciones en el territorio nacional por un período de
tres a doce años, según la gravedad de la falta" (artículo 29).
Paralelamente el Reglamento de la Ley de Creación del CONICIT (37) detalla
los requisitos que se necesitan para que los investigadores extranjeros puedan
obtener la correspondiente autorización. Estos son los previstos en el artículo
9 del Reglamento e incluye: "información detallada de las personas
responsables de la investigación, objeto de la misma, duración, fuentes de
financiamiento, personal que intervendrá, destino de los resultados,
instituciones u organismos nacionales participantes, áreas geográficas donde
se desarrollará y permisos o autorizaciones de otros organismos públicos que
tengan atribuida competencia en la materia".
Para
el caso específico de las investigaciones científicas a realizarse en el
estado Amazonas, el CONICIT junto con el Servicio Autónomo para el Desarrollo
Ambiental del Territorio Federal Amazonas (38) (SADAMAZONAS) han preparado un
proyecto de Resolución de 1992 contentiva de las Normas de regulación y
control para la ejecución de las actividades de investigación ambiental y de
los recursos naturales renovables en el Territorio Federal Amazonas.
Entre
otras cosas en esta Resolución se exige que las instituciones extranjeras
interesadas en investigar en Venezuela firmen un convenio con una institución
nacional. La solicitud de investigación debe hacerse ante el Centro Amazónico
de Investigaciones Ambientales "Alejandro Humboldt" (39) (CAIAH).
Este convenio, de acuerdo con el artículo 7 numeral 1, debe asegurar la
salvaguarda de los derechos de la institución venezolana y del Estado
Venezolano, "al disfrute del reconocimiento y de los beneficios que
pudieren derivarse de descubrimientos, hallazgos y desarrollos científicos o
tecnológicos y de la aplicación comercial de los resultados o productos de
la actividad en cuestión. Igualmente la Resolución contempla la distribución
de las muestras o especímenes vegetales o animales que se colecten: el primer
duplicado para la institución nacional y la tercera para el CAIAH (artículo
9).
Sin
embargo, existe un proyecto de Decreto preparado por el Ministerio del
Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables que data del año 1990
contentivo de las Normas para el Control Ambiental de Expediciones o
Excursiones que está básicamente orientado a preservar las condiciones
ambientales que puedan ser afectadas por la ejecución de tales actividades,
tanto en Parques Nacionales, como en otras áreas. De allí que marginalmente
regula el destino final de las muestras colectadas. Nada estipula respecto de
la participación en los beneficios que pudieran derivarse de los
descubrimientos basados en esas muestras.
De
acuerdo con este proyecto, las expediciones científicas y las no científicas
o excursiones a realizarse en cualquier parte del país están sujetas a la
obtención de una autorización cuando incluyan como parte de sus actividades,
entre otras, la recolección de muestras. La solicitud de autorización para
expediciones con carácter científico y la misma no está integrada por
personal adscrito a una institución científica venezolana, debe estar acompañada
de el proyecto de investigación aprobado por el Consejo Nacional de
Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICIT).
El
proyecto contempla igualmente regular ciertas actividades relacionadas o implícitas
en las expediciones o excursiones como lo son la instalación de campamentos y
la apertura de picas y vías.
También
prevé un lacónico capítulo referente a la recolección de muestras. Allí
se establece el número de muestras que es posible colectar dependiendo de si
estas serán usadas con fines taxonómicos o no. En el primer caso se fija un
máximo de 10 especies para ser depositados en el Servicio Autónomo Forestal
Venezolano (SEFORVEN) o en el Servicio Autónomo para la Protección,
Restauración, Fomento y Racional Aprovechamiento de la Fauna (PROFAUNA), según
se trate de una muestra florística o faunística, así como para el
investigador o institución patrocinante y museo o herbario.
Si
la colección no persigue fines taxonómicos, el número será fijado por los
mencionados servicios autónomos, tomando en cuenta el objetivo de la
investigación, la abundancia de la especie , el valor comercial , si se trata
de muestras vivas, ejemplares completos, órganos o partes vitales o si son
partes autoreemplazables por el donante.
Finalmente,
el responsable de la investigación debe enviar al Ministerio del Ambiente y
de los Recursos Naturales Renovables o Inparques según el caso, una copia del
informe con los resultados de la investigación.
Venezuela
también cuenta con normativa destinada a proteger especies y hábitats en
particular. A nivel internacional ha suscrito la Convención sobre Comercio
Internacional de Especies Amenazadas de la Fauna y Flora Silvestres (CITES)
(40), y la Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional
como hábitat de Aves Acuáticas" (RAMSAR) (41). Por ejemplo existe
aprobada una lista de especies cuya caza está vedada (42) completar la cual
está siendo revisada actualmente por las autoridades competentes y ONGs. En
cuanto a la flora, hay normas particulares en el caso de los manglares (43) y
de los morichales (44).
Nuevamente,
para el territorio amazónico del país existen disposiciones prohibiendo las
talas, deforestaciones y explotaciones de productos forestales madereros (45).
4.
Compartir los resultados de las Investigaciones y participación en las
actividades de investigación sobre la Biotecnología.
El
compartir los resultados de las investigaciones extranjeras no está
expresamente regulado en la legislación venezolana. Sin embargo, por ejemplo
INPARQUES exige el envío de los resultados de la investigación realizada en
los Parques Nacionales y Monumentos Naturales como parte de las condiciones
para el otorgamiento de la autorización.
Desde
un punto de vista internacional es de llamar la atención que el Congreso de
Venezuela aprobó en 1985 el Estatuto del Centro Internacional de Ingeniería
Genética y Biotecnología (46).
El
haber suscrito ese Estatuto es importante por cuanto el Centro persigue (artículo
2):
a)
Promover la cooperación internacional para desarrollar y aplicar la utilización
pacífica de la ingeniería genética y la biotecnología, en particular para
los países en desarrollo.
b)
Ayudar a los países en desarrollo a fortalecer sus capacidades científicas y
tecnológicas en la esfera de la ingeniería genética y la biotecnología.
c)
Estimular actividades en los planos regional y nacional en la esfera de la
ingeniería genética y biotecnología y prestar asistencia al respecto.
d)
Desarrollar y promover la aplicación de la ingeniería genética y la
biotecnología para resolver los problemas del desarrollo, en particular de
los países en desarrollo.
e)
Servir de tribuna para el intercambio de experiencias entre los científicos y
tecnológicos de todos los Estados Miembros.
f)
Utilizar las capacidades científicas y tecnológicas de los países en
desarrollo y de otros países en la esfera de la ingeniería genética y la
biotecnología; y
g)
Actuar como punto focal de una red de centros de investigación y desarrollo
asociados (nacionales, subregionales y regionales).
En
el año 1990 se ordenó al Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales
Renovables la creación del Centro Nacional de Conservación de los Recursos
Fitogenéticos (Decreto Nº 1029 publicado en la Gaceta Oficial de la República
de Venezuela Nº 34567 del 04 de Octubre.
Este
tiene por objetivos
Artículo
1º:
*
Inventariar los recursos fitogéneticos del país.
*
Recolectar y preservar apropiadamente las especies vegetales en peligro de
desaparecer.
*
Instrumentar programas de plantación de especies frutales tradicionales.
*
Establecer un centro de documentación sobre recursos fitogenéticos.
*
Desarrollar un proyecto de educación y divulgación sobre especies frutales,
tradicionales y autóctonas dentro de los programas de educación ambiental.
*
Coordinar, realizar y promover investigaciones básicas aplicadas necesarias
para la conservación y multiplicación de los recursos fitogenéticos.
Institucionalmente
los recursos fitogéneticos (47) tienen mayores posibilidades de ser
protegidos ya que existe una organización especialmente creada para ello.
Además, con SEFORVEN se integra la protección de la flora y recursos genéticos
florísticos del país. Por el contrario, la fauna y asociados recursos genéticos
están únicamente bajo la administración de PROFAUNA.
5.
Compartir los beneficios derivados de la utilización comercial y de otra índole
de los Recursos Genéticos y el acceso a la Tecnología y a la Transferencia
de Tecnología sujeta a Patentes y otros derechos de Propiedad Intelectual.
Es
a través de contratos específicos entre el gobierno y los investigadores que
se ha llegado a contratos donde se exige compartir los beneficios derivados de
la utilización comercial o de otra índole de los recursos genéticos. Así,
por ejemplo, especialmente el Instituto Nacional de Parques ya está
elaborando contratos para regular el acceso a los recursos genéticos.
Por
otro lado, el acceder a productos patentados está regulado en las Decisiones
Nº 342 y 345 como se explicó anteriormente.
Como
se mencionó anteriormente en el proyecto de Resolución contentivo de las
Normas de Regulación y control para la ejecución de las actividades de
investigación ambiental y de los recursos naturales renovables en el
Territorio Federal Amazonas se establece la obligación de contemplar en los
convenios de investigación la salvaguarda de los intereses del país (artículo
7 numeral 1).
En
cuanto a la transferencia de tecnología, Venezuela, a través del Acuerdo de
Cartagena, ha dado protección a este aspecto mediante el Decreto Nº 2095 que
establece el Reglamento del Régimen Común de Tratamiento a los Capitales
Extranjeros y sobre las Marca, Patentes, Licencias y Regalías aprobado por la
decisión 291 y 292 de fecha 13 de febrero de 1992 de la Comisión del Acuerdo
de Cartagena. (48)
En
efecto, el Decreto Nº 2095 además de establecer principios para la inversión
y definir aspectos relativos a la inversión extranjera nacional y subregional
andina, establece en su capítulo X la obligación de registrar por ante la
Superintendencia de Inversiones Extranjeras (SIEX) los contratos relativos a:
*
Concesión del uso o autorización de explotación de marcas y distribución
de productos identificados bajo marcas propiedad de extranjeros.
*
Concesión del uso o autorización de explotación de patentes de invención,
de mejoras, de modelos, instructivos, instrucciones, formulaciones,
especificaciones, formación y capacitación de personal y otras modalidades.
*
La provisión de ingeniería básica o de detalle para la ejecución de
instalaciones, la fabricación de productos y la realización de los proyectos
industriales y de construcción.
*
La asistencia técnica, cualquiera sea la forma y el área empresarial que se
preste.
*
Asesoría en el área de administración y de operación de empresas en
general (artículos 42 y 43 del Decreto no 2095). Adicionalmente, esos
principios también están recogidos en los artículos 115, 116 y 117 de la
Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena.
6.
RECOMENDACIONES PARA EL MEJORAMIENTO DEL REGISTRO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL PARA
ADECUARLO A LA CONVENCIÓN SOBRE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA
1.
Este régimen común debe apuntar, en nuestro criterio, hacia el otorgamiento
de patentes dirigidas a configuraciones genéticas manipuladas (mutación
lograda por el hombre) que conllevan la creación de una nueva especie siempre
que no sean las excluidas por el artículo 7 de la Decisión 344. Dichas
patentes deberán cumplir con estrictos requisitos para su otorgamiento con el
objeto de excluir expresamente los descubrimientos relativos a especies
existentes (configuración genética original) y a la vez servir de tamiz del
uso de las variedades vegetales que causen repercusiones ambientales adversas
que puedan afectar la salud humana y la conservación de especies vivas.
2.
Mejorar las normas sobre expediciones para incluirlas en la Ley de
Biodiversidad, regulando la presentación de informes periódicos mientras se
logre la incorporación a la investigación personal venezolano.
3.
Modificar la legislación actual o adoptar una nueva y especial para permitir
la protección de los conocimientos indígenas.
NOTAS
(1)
Atlas "Imagen de Venezuela: una visión espacial", Petroleos de
Venezuela, P.D.V.D.S.A., Caracas, 1992.
(2)
MARNR, "Un Compromiso Nacional para el Desarrollo Sustentable",
Caracas, 1992.
(3)
Cuando nos referimos a la propiedad industrial abarcamos marcas y patentes,
mientras que con propiedad intelectual nos referimos a los derechos de autor.
(4)
Ley de Propiedad Industrial. Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº
24,873 del 14-10-55.
(5)
Decreto Nº 2661 mediante el cual se dispone que el Servicio Autónomo
Registro de la Propiedad Industrial, Oficina adscrita al Ministerio de Fomento
para el ejercicio de las atribuciones que le confiere la Ley de Propiedad
Industrial, funcionará como un Servicio Autónomo sin personalidad jurídica,
dependiente del Ministerio de Fomento. Gaceta Oficial de la República de
Venezuela Nº 35,105 del 03-12-92.
(6)
Proyecto de la Ley de Creación del Instituto Autónomo Nacional de la
Propiedad Industrial (1992). Consejo Nacional de Promoción de Inversiones.
(7)
Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena sobre el Régimen Común
sobre Propiedad Industrial. Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº
4,457 Extraordinaria del 5 de agosto de 1992.
(8)
Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena sobre el Régimen Común
sobre Propiedad Industrial. Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº
4676 del 18-01-94.
(9)
El Convenio de París data de 1883, y actualmente están suscritos a él más
de 110 países. El origen del tratado hace más de 100 años fue el de
establecer normas comunes para evitar el espionaje y la piratería de marcas y
patentes.
(10)
Proyecto de la Ley Aprobatoria del Tratado sobre Cooperación de Patentes
(1993). Congreso de la República.
(11)
UPOV, Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales,
Ginebra, 1992.
(12)
Ley Aprobatoria de la Convención UNiversal sobre Derechos de Autor. Gaceta
Oficial de la República de Venezuela Nº 1,011 Extraordinaria del 27 de abril
1966.
(13)
Ley Aprobatoria de la Adhesión de Venezuela al Convenio para la Protección
de los Productos de Fonogramas contra la Reproducción no autorizada de sus
Fonogramas. Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº 2,891
Extraordinaria del 23-12-81.
(14)
Ley Aprobatoria de la Adhesión de Venezuela al Convenio para la Protección
de los Productos de Fonogramas contra la Reproducción no autorizada de sus
Fonogramas. Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº 2,891
Extraordinaria del 23-12-81.
(15)
Decisión 345 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena sobre el Régimen Común
de Protección de los Derechos de los Obtentores de Variedades Vegetales.
Gaceta Oficial Nº 4,676 Extraordinaria de la República de Venezuela del
18-01-94.
(16)
Ley Aprobatoria del Tratado que crea el Tribunal de Justicia del Acuerdo de
Cartagena. Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº 3171
Extraordinaria del 11-05-83.
(17)
Ley para Promover y Proteger el Ejercicio de la Libre Competencia. Gaceta
Oficial de la República de Venezuela Nº 34,880 del 13-01-92.
(18)
Ley de Reforma Parcial de la Ley sobre el Derecho de Autor. Gaceta Oficial de
la República de Venezuela Nº 4,638 Extraordinaria del 01-10-93.
(19)
Ley Aprobatoria del Tratado de Cooperación Amazónica. Gaceta Oficial de la
República de Venezuela Nº 31,993 del 28-05-80.
(20)
II Reunión en Manaos de los Presidentes de los Países Amazónicos (10 y 11
de Febrero 1992).
(21)
Ley Aprobatoria del Convenio Nº 107 relativo a la protección e integración
de las poblaciones indígenas y de otras poblaciones tribuales y semitribuales
en los países independientes. Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº
3,225 Extraordinaria del 03-08-83.
(22)
Exposición de motivos y proyecto de Ley Orgánica de Comunidades, Pueblos y
Culturas Indígenas. Cámara de Diputados, 17-04-90.
(23)
Decreto-Ley Nº 250 que regula las expediciones a las zonas habitadas por indígenas.
Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº 23/594 del 02-09-51.
(24)
Datos de la Separata del Boletín Indigenista Venezolano: Tomo XVIII, Nº 14,
1978, p. 53-62.
(25)
Proyecto de Resolución Conjunta entre el Ministerio del Ambiente y de los
Recursos Naturales Renovables (MARNR) y el Ministro de Estado Presidente del
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICIT)
contentivo de las normas de regulación y control de la ejecución de las
actividades de investigación ambiental y de los recursos naturales renovables
en el Territorio Nacional Amazonas (actualmente Estado). (1993) MARNR y
CONICIT.
(26)
Ley Orgánica para la Ordenación del Territorio, Gaceta Oficial de Venezuela
Nº 3,2238 del 11 de agosto de 1983.
(27)
Decreto Nº 2,552 mediante el cual quedan prohibidas las talas,
deforestaciones y explotaciones de productos forestales madereros en el
Territorio Federal Amazonas. Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº
31,408 del 19-01-78.
(28)
Ley Aprobatoria de la Convención para la protección de la flora, de la fauna
y de las bellezas escénicas naturales de los países de Aµerica. Gaceta
Oficial de la República de Venezuela Nº 20,643 del 13-11-41.
(29)
Ley Aprobatoria de la Convención Relativa a los Humedales de Importancia
Internacional como Hábitat de Aves Acuáticas (Convención RAMSAR) y de su
protocolo modificatorio. Gaceta Oficial de Venezuela Nº 34,053 del 16-09-88.
(30)
Ley Aprobatoria de la Convención para la Protección del Patrimonio Mundial y
Cultural. Gaceta Oficial de Venezuela Nº 4,191 Extraordinaria del 06-07-90.
(31)
Ley de Protección a la Fauna Silvestre. Gaceta Oficial de la República de
Venezuela Nº 29,289 del 11-08-70.
(32)
Decreto Nº 277 mediante el cual se crea el Servicio Autónomo para la
Protección, Restauración, Fomento y Racional Aprovechamiento de la Fauna
Silvestre y Acuática del país (PROFAUNA). Gaceta Oficial de la República de
Venezuela Nº 4,106 Extraordinaria del 09-06-89.
(33)
Ley Forestal de Suelos y Aguas. Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº
1,004 Extraordinaria del 26-01-66.
(34)
Decreto Nº 275 mediante el cual se crea el Servicio Forestal Venezolano.
Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº 4,106 Extraordinaria del
09-06-89.
(35)
Decreto Nº 2,117 contentivo del Reglamento de la Ley Forestal de Suelos y
Aguas. Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº 2,022 del 28-04-77.
(36)
Ley de Creación del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas
(CONICIT). Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº 3,481
Extraordinaria del 13-12-84.
(37)
Decreto Nº 879 contentivo del Reglamento de la Ley de Creación del CONICIT.
Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº 33,348 del 12-12-85.
(38)
Decreto Nº 272 mediante el cual se crea el Servicio Autónomo para el
Desarrollo Ambiental del Amazonas (SADAMAZONAS). Gaceta Oficial de la República
de Venezuela Nº 4,106 Extraordinaria del 09-06-89.
(39)
Resolución Nº 138 mediante la cual se crea el Centro Amazónico de
Investigaciones Ambientales "Alejandro Humboldt". Gaceta Oficial de
la República de Venezuela Nº 34,583 del 30-10-90.
(40)
Ley Aprobatoria de la Convención sobre Comercio Internacional de Especies
Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre. Gaceta Oficial de la República de
Venezuela Nº 1,881 Extraordinaria del 10-09-76.
(41)
Ley Aprobatoria de la Convención Relativba a los Humedales de Importancia
Internacional como Hábitat de Aves Acuáticas (RAMSAR). Gaceta Oficial de la
República de Venezuela Nº 31,053 del 16-09-88.
(42)
Resolución Nº 95 del MARNR mediante la cual se declara en veda en todo el
territorio nacional para la caza de las especies incluídas en la Lista
Oficial de Animales de Caza que en ella se indica. Gaceta Oficial de la República
de Venezuela Nº 31,901 del 11-01-80.
(43)
Decreto Nº 1,843 meditane el cual se dictan las Normas para la Protección de
los Manglares y sus Espacios Vitales Asociados. Gaceta Oficial de la República
de Venezuela Nº 34,819 del 14-10-91.
(44)
Decreto Nº 846 mediante el cual se dictan las Normas para la Protección de
Morichales. Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº 34,462 del
08-05-90.
(45)
Decreto Nº 2,552 mediante el cual se prohiben las talas, deforestaciones y
explotaciones de productos forestales madereros en todo el Territorio Federal
Amazonas. Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº 4,106
Extraordinaria del 09-06-89.
(46)
Ley Aprobatoria publicada en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº
32,285 del 14 de Agosto.
(47)
El Decreto de creación del Centro Nacional de Conservación de los Recursos
Fitogenéticos define estos recursos como: "el material de reproducción
o de propagación vegetativa (desde cultivos de tejidos hasta plantas enteras)
de las variedades cultivadas (cultivares), cultivares en desuso, variedades
locales, especies silvestres y estirpes genéticas especiales (mutantes
selectos y actuales de los fitogenetistas)".
(48)
Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº 34,930 del 25-03-92.
1.
Este régimen común debe apuntar, en nuestro criterio, hacia el otorgamiento
de patentes dirigidas a configuraciones genéticas manipuladas (mutación
lograda por el hombre) que conllevan la creación de una nueva especie siempre
que no sean las excluidas por el artículo 7 de la Decisión 344. Dichas
patentes deberán cumplir con estrictos requisitos para su otorgamiento con el
objeto de excluir expresamente los descubrimientos relativos a especies
existentes (configuración genética original) y a la vez servir de tamiz del
uso de las variedades vegetales que causen repercusiones ambientales adversas
que puedan afectar la salud humana y la conservación de especies vivas.
2.
Mejorar las normas sobre expediciones para incluirlas en la Ley de
Biodiversidad, regulando la presentación de informes periódicos mientras se
logre la incorporación a la investigación personal venezolano.
3.
Modificar la legislación actual o adoptar una nueva y especial para permitir
la protección de los conocimientos indígenas.
NOTAS
(1)
Atlas "Imagen de Venezuela: una visión espacial", Petroleos de
Venezuela, P.D.V.D.S.A., Caracas, 1992.
(2)
MARNR, "Un Compromiso Nacional para el Desarrollo Sustentable",
Caracas, 1992.
(3)
Cuando nos referimos a la propiedad industrial abarcamos marcas y patentes,
mientras que con propiedad intelectual nos referimos a los derechos de autor.
(4)
Ley de Propiedad Industrial. Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº
24,873 del 14-10-55.
(5)
Decreto Nº 2661 mediante el cual se dispone que el Servicio Autónomo
Registro de la Propiedad Industrial, Oficina adscrita al Ministerio de Fomento
para el ejercicio de las atribuciones que le confiere la Ley de Propiedad
Industrial, funcionará como un Servicio Autónomo sin personalidad jurídica,
dependiente del Ministerio de Fomento. Gaceta Oficial de la República de
Venezuela Nº 35,105 del 03-12-92.
(6)
Proyecto de la Ley de Creación del Instituto Autónomo Nacional de la
Propiedad Industrial (1992). Consejo Nacional de Promoción de Inversiones.
(7)
Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena sobre el Régimen Común
sobre Propiedad Industrial. Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº
4,457 Extraordinaria del 5 de agosto de 1992.
(8)
Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena sobre el Régimen Común
sobre Propiedad Industrial. Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº
4676 del 18-01-94.
(9)
El Convenio de París data de 1883, y actualmente están suscritos a él más
de 110 países. El origen del tratado hace más de 100 años fue el de
establecer normas comunes para evitar el espionaje y la piratería de marcas y
patentes.
(10)
Proyecto de la Ley Aprobatoria del Tratado sobre Cooperación de Patentes
(1993). Congreso de la República.
(11)
UPOV, Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales,
Ginebra, 1992.
(12)
Ley Aprobatoria de la Convención UNiversal sobre Derechos de Autor. Gaceta
Oficial de la República de Venezuela Nº 1,011 Extraordinaria del 27 de abril
1966.
(13)
Ley Aprobatoria de la Adhesión de Venezuela al Convenio para la Protección
de los Productos de Fonogramas contra la Reproducción no autorizada de sus
Fonogramas. Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº 2,891
Extraordinaria del 23-12-81.
(14)
Ley Aprobatoria de la Adhesión de Venezuela al Convenio para la Protección
de los Productos de Fonogramas contra la Reproducción no autorizada de sus
Fonogramas. Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº 2,891
Extraordinaria del 23-12-81.
(15)
Decisión 345 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena sobre el Régimen Común
de Protección de los Derechos de los Obtentores de Variedades Vegetales.
Gaceta Oficial Nº 4,676 Extraordinaria de la República de Venezuela del
18-01-94.
(16)
Ley Aprobatoria del Tratado que crea el Tribunal de Justicia del Acuerdo de
Cartagena. Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº 3171
Extraordinaria del 11-05-83.
(17)
Ley para Promover y Proteger el Ejercicio de la Libre Competencia. Gaceta
Oficial de la República de Venezuela Nº 34,880 del 13-01-92.
(18)
Ley de Reforma Parcial de la Ley sobre el Derecho de Autor. Gaceta Oficial de
la República de Venezuela Nº 4,638 Extraordinaria del 01-10-93.
(19)
Ley Aprobatoria del Tratado de Cooperación Amazónica. Gaceta Oficial de la
República de Venezuela Nº 31,993 del 28-05-80.
(20)
II Reunión en Manaos de los Presidentes de los Países Amazónicos (10 y 11
de Febrero 1992).
(21)
Ley Aprobatoria del Convenio Nº 107 relativo a la protección e integración
de las poblaciones indígenas y de otras poblaciones tribuales y semitribuales
en los países independientes. Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº
3,225 Extraordinaria del 03-08-83.
(22)
Exposición de motivos y proyecto de Ley Orgánica de Comunidades, Pueblos y
Culturas Indígenas. Cámara de Diputados, 17-04-90.
(23)
Decreto-Ley Nº 250 que regula las expediciones a las zonas habitadas por indígenas.
Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº 23/594 del 02-09-51.
(24)
Datos de la Separata del Boletín Indigenista Venezolano: Tomo XVIII, Nº 14,
1978, p. 53-62.
(25)
Proyecto de Resolución Conjunta entre el Ministerio del Ambiente y de los
Recursos Naturales Renovables (MARNR) y el Ministro de Estado Presidente del
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICIT)
contentivo de las normas de regulación y control de la ejecución de las
actividades de investigación ambiental y de los recursos naturales renovables
en el Territorio Nacional Amazonas (actualmente Estado). (1993) MARNR y
CONICIT.
(26)
Ley Orgánica para la Ordenación del Territorio, Gaceta Oficial de Venezuela
Nº 3,2238 del 11 de agosto de 1983.
(27)
Decreto Nº 2,552 mediante el cual quedan prohibidas las talas,
deforestaciones y explotaciones de productos forestales madereros en el
Territorio Federal Amazonas. Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº
31,408 del 19-01-78.
(28)
Ley Aprobatoria de la Convención para la protección de la flora, de la fauna
y de las bellezas escénicas naturales de los países de Aµerica. Gaceta
Oficial de la República de Venezuela Nº 20,643 del 13-11-41.
(29)
Ley Aprobatoria de la Convención Relativa a los Humedales de Importancia
Internacional como Hábitat de Aves Acuáticas (Convención RAMSAR) y de su
protocolo modificatorio. Gaceta Oficial de Venezuela Nº 34,053 del 16-09-88.
(30)
Ley Aprobatoria de la Convención para la Protección del Patrimonio Mundial y
Cultural. Gaceta Oficial de Venezuela Nº 4,191 Extraordinaria del 06-07-90.
(31)
Ley de Protección a la Fauna Silvestre. Gaceta Oficial de la República de
Venezuela Nº 29,289 del 11-08-70.
(32)
Decreto Nº 277 mediante el cual se crea el Servicio Autónomo para la
Protección, Restauración, Fomento y Racional Aprovechamiento de la Fauna
Silvestre y Acuática del país (PROFAUNA). Gaceta Oficial de la República de
Venezuela Nº 4,106 Extraordinaria del 09-06-89.
(33)
Ley Forestal de Suelos y Aguas. Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº
1,004 Extraordinaria del 26-01-66.
(34)
Decreto Nº 275 mediante el cual se crea el Servicio Forestal Venezolano.
Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº 4,106 Extraordinaria del
09-06-89.
(35)
Decreto Nº 2,117 contentivo del Reglamento de la Ley Forestal de Suelos y
Aguas. Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº 2,022 del 28-04-77.
(36)
Ley de Creación del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas
(CONICIT). Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº 3,481
Extraordinaria del 13-12-84.
(37)
Decreto Nº 879 contentivo del Reglamento de la Ley de Creación del CONICIT.
Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº 33,348 del 12-12-85.
(38)
Decreto Nº 272 mediante el cual se crea el Servicio Autónomo para el
Desarrollo Ambiental del Amazonas (SADAMAZONAS). Gaceta Oficial de la República
de Venezuela Nº 4,106 Extraordinaria del 09-06-89.
(39)
Resolución Nº 138 mediante la cual se crea el Centro Amazónico de
Investigaciones Ambientales "Alejandro Humboldt". Gaceta Oficial de
la República de Venezuela Nº 34,583 del 30-10-90.
(40)
Ley Aprobatoria de la Convención sobre Comercio Internacional de Especies
Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre. Gaceta Oficial de la República de
Venezuela Nº 1,881 Extraordinaria del 10-09-76.
(41)
Ley Aprobatoria de la Convención Relativba a los Humedales de Importancia
Internacional como Hábitat de Aves Acuáticas (RAMSAR). Gaceta Oficial de la
República de Venezuela Nº 31,053 del 16-09-88.
(42)
Resolución Nº 95 del MARNR mediante la cual se declara en veda en todo el
territorio nacional para la caza de las especies incluídas en la Lista
Oficial de Animales de Caza que en ella se indica. Gaceta Oficial de la República
de Venezuela Nº 31,901 del 11-01-80.
(43)
Decreto Nº 1,843 meditante el cual se dictan las Normas para la Protección
de los Manglares y sus Espacios Vitales Asociados. Gaceta Oficial de la República
de Venezuela Nº 34,819 del 14-10-91.
(44)
Decreto Nº 846 mediante el cual se dictan las Normas para la Protección de
Morichales. Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº 34,462 del
08-05-90.
(45)
Decreto Nº 2,552 mediante el cual se prohiben las talas, deforestaciones y
explotaciones de productos forestales madereros en todo el Territorio Federal
Amazonas. Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº 4,106
Extraordinaria del 09-06-89.
(46)
Ley Aprobatoria publicada en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº
32,285 del 14 de Agosto.
(47)
El Decreto de creación del Centro Nacional de Conservación de los Recursos
Fitogenéticos define estos recursos como: "el material de reproducción
o de propagación vegetativa (desde cultivos de tejidos hasta plantas enteras)
de las variedades cultivadas (cultivares), cultivares en desuso, variedades
locales, especies silvestres y estirpes genéticas especiales (mutantes
selectos y actuales de los fitogenetistas)".
(48)
Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº 34,930 del 25-03-92.
